31/1/2008

Medios de prueba incorporados en forma indebida en juicio oral simplificado. Nulidad


Santiago, ocho de agosto de dos mil siete.
 
Vistos:

 Por sentencia de ocho de mayo de dos mil siete, dictada por el señor juez Ignacio Andrés Adana Juri, titular del Tribunal de Garantía de Villa Alemana, en la causa RIT 2242-2006, RUC 0610021266-6, se condenó a Luis Ernesto Bustamante Rodríguez, chileno, 49 años, casado, jubilado, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y costas de la causa, en calidad de autor del delito de giro doloso de cheque, ilícito previsto en el artículo 22 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, en relación a lo dispuesto y sancionado en el artículo 467 N° 1 del Código Penal, en perjuicio de "Badilla y Compañía Limitada", ocurrido en la comuna de Villa Alemana, el día 18 de Octubre del año 2006. Se le otorga el beneficio de la remisión condicional de la pena por el mismo tiempo de la condena, debiendo cumplir con lo señalado en el artículo 5, letra "A" de la Ley 18.216.
 En contra de esta decisión la Defensoría Penal Pública recurrió de nulidad basado en las causales del artículo 373 letras a) y b), así como también en las letras c) y e) del artículo 374, todos del Código Procesal Penal, las cuales son deducidas conjuntamente.
 En la audiencia fijada para la vista de la causa, únicamente compareció el recurrente.
Oídos los intervinientes y considerando:
 Primero: Que el recurso se fundamenta, en primer lugar, en la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que durante el juicio se habría vulnerado el principio del debido proceso legal.
Se dice en el recur so que durante la audiencia del juicio oral simplificado, luego del alegato de apertura de la defensa, se concedió traslado de lo expuesto por la defensa a la parte querellante, en circunstancias que procedía rendir la prueba por esta parte. El artículo 396 del código adjetivo del ramo, no permite debate sobre las pretensiones expuestas en el alegato de apertura.
Acto seguido, el querellante simplemente entregó la prueba documental al Tribunal y éste la tuvo por incorporada sin darle lectura, ni siquiera resumida, conforme lo ordenan los artículos 291 y 333 del citado cuerpo de leyes.
Solicitados los documentos por la defensa, el Tribunal se los negó, argumentando que habían sido puestos a su disposición en una audiencia anterior, de tutela de garantías, sin considerar que la oportunidad para rendir la prueba, objetarla y exhibirla al imputado, es en el juicio oral, de conformidad con lo previsto en el artículo 296 del código procesal.
Luego de haberse terminado de rendir la prueba, el juez dictó el veredicto condenatorio de inmediato; pero,  como no se leyeron los antecedentes, y el Tribunal nunca antes los tuvo en su poder, jamás pudo enterarse de su contenido, y no podía basar su convicción condenatoria en ellos.
Segundo: Que como segundo motivo de nulidad invoca la causal de la letra b) del artículo 373 del mismo cuerpo legal, señalando que la defensa sostuvo la absolución por no haberse acreditado los supuestos del artículo 22 de DFL 707, pero el Tribunal, alterando el onus probandi, lo da por acreditado por ausencia de prueba de la defensa, quien debería acreditar que no concurren los elementos referidos en ese artículo.
En la gestión preparatoria civil se dedujo un incidente de nulidad de la notificación, la que suspende el procedimiento, de tal forma que la no consignación de los fondos en el plazo legal, no es más que una omisión por causa legítima. No tenía la obligación de consignar mientras no se resolviera el incidente de nulidad.
El querellante debía probar que la omisión no es legítima, o que el procedimiento no se encontraba suspendido, o que el incidente había sido rechazado y notificado por el estado diario. Por lo tanto, la mera certificación del secretario del Tribunal no es suficiente para dar por establecido el delito.
Luego invoca la causal de la letra c) del artículo 374, ya citado, expresando que se impidió al defensor ejercer las facultades que la ley le confiere,Luego invoca la causal de la letra c) del artículo 374, ya citado, expresando que se impidió al defensor ejercer las facultades que la ley le confiere, ya que el Tribunal le negó su solicitud de exhibición de los documentos presentados por el querellante, toda vez que habrían sido fotocopiados con anterioridad en otra audiencia, advirtiendo el magistrado la posibilidad de declarar abandonada la defensa de conformidad con el artículo 287 del Código Procesal Penal.
La exhibición de documentos no obedece a un supuesto descuido de la defensa por no contar con los antecedentes fotocopiados con anterioridad, sino que corresponde al derecho que tiene para exigir la lectura y exhibición de los mismos y su incorporación al juicio, de forma que pueda permitirse la objeción y el cotejo de los mismos.
Finalmente, deduce la causal e) del artículo 374, en relación con el artículo 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal, precisando que el Tribunal ponderó prueba que se acompañó con inobservancia de normas que regulan el procedimiento, las que tuvo por incorporadas y les dio pleno valor, sin lectura, ni exhibición, pese al reclamo oportuno de la defensa.
El artículo 291 del tantas veces citado código, consagra el principio de la oralidad; el artículo 333, contempla la forma cómo se deben incorporar los documentos; el artículo 340 exige que el Tribunal forme su convicción sobre la base de la prueba producida en el juicio.
En consecuencia, el documento que no es leído no constituye prueba y el Tribunal tiene prohibición de valorarla, por lo que debe tenerse por no producida, presentada ni incorporada la prueba documental de la parte querellante, con la que se acreditó el delito y la participación.
Concluye solicitando que se anule la sentencia y el juicio oral, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento y ordenando la remisión a un Tribunal no inhabilitado para que disponga la realización de un nuevo juicio oral.
Tercero: Que el Código Procesal Penal consagra una ritualidad determinada para que todas las partes intervinientes en un juicio puedan aportar la prueba que sirve de base a sus pretensiones, lo que debe producirse en una etapa determinada del juicio, en presencia del juez y de todas las partes, siendo allí donde los documentos se incorporan al pleito, los que deben ser leídos de manera completa o resumida, para que puedan s er objeto de observaciones por la contraria.
Y ello es así porque sin tal ritualidad se vulnerarían los principios de bilateralidad de la audiencia y de oralidad, así como el derecho a ejercer efectivamente una defensa, por lo que no es posible incorporar antecedentes que no sean dados a conocer en el momento oportuno para poder eventualmente cuestionarlos en su forma o en el fondo.
Lo mismo ocurre con el juez, quien tiene el deber de resolver el litigio sometido a su conocimiento sobre la base y antecedentes aportados únicamente durante el juicio; sea escuchando a los testigos, peritos, víctimas, o de la lectura ?completa o resumida- que de los documentos hagan los interesados.
Es impensable que un sentenciador pretenda formar su convicción sobre antecedentes que no han sido dados a conocer a la contraria en la audiencia de prueba, y en la forma que el Código Procesal Penal establece.
Un juicio que vulnere lo que antes se ha dicho contraviene el debido proceso, consagrado en el inciso quinto del numeral tercero de la Constitución Política de la República.
Cuarto: Que en el caso de autos, durante la audiencia de un juicio oral simplificado, luego que el Tribunal señala que se va a proceder a recibir la prueba del querellante, esa parte hace ?entrega a SS. de los antecedentes?, a lo que el Tribunal responde que ?se tienen por entregados los antecedentes?.
Luego de ello la defensa solicita tener acceso a los mismos, a lo que el Tribunal se niega porque, se dice, con anterioridad habrían sido fotocopiados, replicando la defensa ?luego de las amenazas del juez de aplicar las sanciones previstas en el artículo 287 del Código Procesal Penal-, que es procedente la exhibición de la prueba antes que sea recibida por el Tribunal para poder hacer las observaciones respectivas; a lo que contesta el juez que se estaría en presencia de una negligencia de los defensores por no tener las fotocopias en su poder.
Quinto: Que de lo anterior se colige que el magistrado se apartó de las normas procedimentales y de los principios básicos del sistema procesal penal, desde que carecía de importancia si con anterioridad a la audiencia se habían obtenido o no las fotocopias de algunos o todos los antecedentes, los cuales, por cierto, atendida la forma como fueron incorporados, no se podía saber si eran o no los mismos.
La parte querellante simplemente hizo entrega de un legajo de documentos al juez, quien así los recibe, sin que siquiera se hiciere una enumeración de qué antecedentes se trataba y menos se leyeran, sea en forma resumida o íntegra.
La pregunta es evidente, ¿cómo podía la defensa saber que documentos eran o cuál era su contenido, haya tenido fotocopias o no? Cómo podía ejercer sus derechos la defensa en orden a exhibírselos al imputado para saber si los reconocía?
Cómo podía el juez precaverse de que no lo estuvieran sorprendiendo con algún antecedente que no hubiera sido posible acompañarlo, y poder la defensa hacer uso de sus derechos?
Confunde el juez el conocimiento privado que de los antecedentes pueden tener las partes con el conocimiento cierto que debe verificarse en la audiencia respectiva, con intervención de todos los interesados; y no en otras audiencias anteriores que no están destinadas a la determinación de la existencia del hecho punible y de la participación culpable y penada por la ley del imputado.
No obstante que la defensa le señaló lo que era pertinente, el señor juez le hizo saber la posibilidad de aplicar alguna de las sanciones del artículo 287 del Código Procesal Penal.
Sexto: Que, aparte de todo lo anterior, cabe considerar que el señor juez no pudo ponderar y valorar antecedentes que no supo en qué consistían por no haber sido incorporados en la forma prevista en la ley por la parte que los presentaba, no obstante lo cual dio su veredicto de culpabilidad segundos después de cerrado el debate.
El convencimiento debe ser resultado de la prueba rendida legalmente durante la audiencia considerada por la ley para ello, y no del conocimiento privado que el juez pueda tener por haber intervenido en otras audiencias, como claramente lo sostiene él mismo al señalar que le ?consta a este juez porque fue quien tomó esa (otra) audiencia?.
Séptimo: Que señala el artículo 291 del Código Procesal Penal, que La audiencia del juicio se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participaren en ella. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, debiendo constar en el registro del juicio.
El tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia del juicio oral.
A su vez, el artículo 333 del mismo cuerpo normativo exige que ?Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. Los objetos que constituyeren evidencia deberán ser exhibidos y podrán ser examinados por las partes. Las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán en la audiencia por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. El tribunal podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el conocimiento de su contenido. Todos estos medios podrán ser exhibidos al acusado, a los peritos o testigos durante sus declaraciones, para que los reconocieren o se refirieren a su conocimiento de ellos?.
Finalmente, el artículo 340 del ya reiterado compendio de normas, expresa que ?El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral?.
Octavo: Que las irregularidades develadas por el recurrente adquieren la relevancia necesaria para acoger el remedio procesal asilado en la causal contemplada en la letra a) del artículo 373 del Código Procedimental Criminal, por cuanto ha tenido influencia sustancial en lo resolutivo de la decisión, puesto que los hechos en ella determinados lo fueron con el examen de medios de prueba que se incorporaron en forma indebida, la que posteriormente fue valorada, impidiéndose a la defensa hacer uso de sus derechos siendo, además, amenazada con las sanciones del artículo 287 del Código Procesal Penal.
Estas infracciones del Tribunal de Garantía sólo son reparables por la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia recurrida, debido a que por esta úEstas infracciones del Tribunal de Garantía sólo son reparables por la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia recurrida, debido a que por esta única vía podrá producirse legalmente la prueba presentada por los intervinientes.
Noveno: Que, en consecuencia, al haberse acogido la causal primera, no se analizarán las dem as alegadas y se procederá a anular la sentencia y el juicio oral, quedando los antecedentes en estado de realizarse un nuevo juicio oral simplificado por el Tribunal no inhabilitado que corresponda.

Por estas consideraciones, y visto lo prevenido en los artículo 19, N° 3° de la Constitución Política de la República y 372, 373, letra a), 384 y 385 del Código Procesal Penal, SE ACOGE el recurso de nulidad formulado en lo principal de la presentación de fojas 53 a 65, por la abogada doña Olga Morales González, en representación de la Defensoría Penal Pública, en contra de la sentencia de ocho de mayo de dos mil siete, dictada por el Tribunal de Garantía de Villa Alemana, y transcrita de fojas 34 a 52 del cuaderno respectivo, y se anula dicho fallo y el juicio oral correspondiente, debiendo retrotraerse la causa al estado de celebrarse un nuevo juicio ante el Tribunal no inhabilitado que corresponda, el que proseguirá los trámites del procedimiento hasta dictar la decisión definitiva que en derecho corresponda.


Regístrese y devuélvanse conjuntamente con los antecedentes y los registros de audio acompañados.


Redacción del Ministro Sr. Dolmestch.


Rol N° 2684-07.

 
 
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y los abogados integrantes Sres. Carlos Künsemüller L. y Domingo Hernández E. No firma el abogado integrante Sr. Künsemüller, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
 
 
 
 
 
 
Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema doña Carola Herrera Brummer.

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MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA
Abogado U. Católica de Chile
http://jurischile.com
Puerto Montt